Vidas quemadas por hipotecas

Aw Abramane pasa el día en su tienda situada al lado del portal de la que ha sido su casa durante 16 años

Marina lleva a su padre la autorización para que la firme y pueda irse de excursión con sus compañeras del colegio. El papel con la rúbrica del padre tiene que ir acompañado con los diez euros que cuesta la excursión y Aw le dice a su hija que coja el billete que hay en la caja de la tienda. Es el primero que ha entrado y el último que quedaba. Ahora la caja vuelve a estar vacía. 

“Delante de mis hijos intento no mostrarme triste. Solo quiero que ellos aprendan a leer, escribir y tengan un futuro”, éstas son las palabras de Aw Abramane, un padre de familia senegalés que vive una tragedia al no poder pagar la hipoteca de su vivienda.

Su familia puede ser una más de las 2.382 que a mitad de año habían sido desahuciadas en la provincia de Alicante según el Consejo General del Poder Judicial. 

El caso de la familia de Aw Abramane es el último ejemplo que se puede ver en Elche. El pasado martes 13 de diciembre se iba a ejecutar la órden de desahucio sobre su vivienda, un quinto piso sin ascensor en el barrio de Carrús, pero un día antes el juzgado nº 2 de la provincia de Alicante anunció la suspensión  y la concesión de un mes de prórroga a la familia para desalojar su hogar. Aún así, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y algunos miembros del movimiento 15M de la ciudad decidieron manifestarse en la sede de la CAM de la avenida Reina Victoria de Elche para exigir a la entidad bancaria una negociación y que la situación de la familia fuese conocida.

La pareja con siete hijos menores de edad -uno de ellos, con solo  3 años, enfermo de gravedad- tiene un establecimiento que ofrece productos senegaleses de buena calidad importados desde África. En Abril de 2009, Aw Abramane gastó más de 17.000 euros en una mercancia que venía desde Senegal para venderla en su tienda. Al llegar a Valencia los productos no superaron la inspección de sanidad y se quedaron en la aduana. Aún así, Aw reclamó su producto ya que no todo eran alimentos: “también traía material para la tienda, prendas de vestir o productos de belleza africanos que no se podían infectar”. 

A los pocos días del suceso, un hombre llamó por teléfono a Aw para ofrecerle su mercancía a cambio de 8.000 euros. Tras interponer la denuncia ante la policía, el abogado de oficio asignado no se presentó a las citas con Aw. “Había ido a Valencia más de 20 veces y nadie me ayudaba”, afirma cansado Aw. 

El material fue quemado. Sin dinero y sin mercancía, Aw Abramane no pudó hacer frente al pago de 352 euros de la hipoteca y la órden de desahucio llegó a sus manos aunque Aw no quiere recordar el día que fue. Ante esta situación, la familia acudió a la PAH de Alicante donde todavía hoy siguen luchando por una solución. Gloria Marín, una de las coordinadoras de la PAH en la provincia, y Antonio Palazón (abogado asociado al movimiento 15M) realizaron los procedimientos necesarios para solicitar al juzgado la suspensión por motivos sociales hasta que los menores acabaran el curso escolar. El juzgado denegó las razones sociales y tan solo ha dado un mes de prórroga para que la familia busque otro hogar. Para Gloria Marín este mes es una oportunidad para seguir “negociando” con el banco en busca de “un alquiler social” que permita a la familia vivir con los escasos ingresos que tiene.

Éste es el cuarto caso de desahucio que ha llegado al final en Elche; los primeros fueron Francisco y Ana, un matrimonio de pensionistas que consiguieron la concesión del alquiler social, no corrieron la misma suerte Javier y Nuria que vieron como el piso que ya habían pagado y otra casa que pretendían alquilar pasaban a manos del banco en una maniobra de “engaño y manipulación” según la propia Nuria. 

Aw espera una decisión del juzgado antes del próximo 2 de febrero. Si es buena,‘Alwar’ seguirá abierta; si es mala, habrá que poner rumbo de vuelta a Senegal viendo como la vida de tu familia es quemada injustamente.